El Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Contrataciones Públicas han emitido una directriz conjunta para fortalecer la sostenibilidad en las licitaciones de obras estatales, enfocándose en el uso responsable de agregados como arena, grava y piedra.
A través de una comunicación oficial, ambas entidades determinaron que, al establecer los términos de contratación, deberán incluirse cláusulas que aseguren la trazabilidad y la legalidad en la obtención de estos materiales. Se requiere que los proponentes entreguen la autorización ambiental en vigor de la empresa proveedora antes de concretar cualquier contrato, asegurando que poseen los permisos necesarios bajo las normativas ambientales actuales. Si la empresa está en proceso para obtener su licencia, deberá mostrar documentación que acredite el estado de su solicitud, incluyendo resoluciones temporales si existen. Esta disposición se debe a la implementación del Decreto 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras públicas ecológicas.
El encargado del Ministerio de Medio Ambiente destacó que esta estrategia responde a las exigencias institucionales del pueblo, refiriéndose a la urgencia de proceder con claridad, honestidad y seriedad en las compras de la administración pública. Por otro lado, el director de Contrataciones Públicas expresó que «cada adquisición pública con enfoque ambiental representa una inversión en el porvenir de la nación», estableciendo la sostenibilidad como un elemento fundamental en la planificación de los proyectos públicos.
Además, la circular incorpora especificaciones técnicas derivadas del anexo 3 de la Política de Compras Públicas Verdes. Estas pautas establecen criterios sostenibles que deben ser considerados dentro de los elementos técnicos de los pliegos, incentivando parámetros como la gestión eficiente de recursos, la reducción del impacto ambiental y la promoción de prácticas responsables por parte de los adjudicatarios.
La disposición tiene un amplio espectro, afectando a todas las entidades gubernamentales que soliciten proyectos, con la intención de apoyar en la lucha contra la extracción ilícita de materiales. Se aguarda que esta reglamentación también ayude a conservar los recursos de agua y los hábitats naturales, fomentando una cultura de adherencia a la ley y de respeto al medio natural.
